Atenco retoma la batalla por su tierra en el estado de México

El gobierno afinó sus estrategias de división y despojo para imponer no sólo el aeropuerto, sino el megaproyecto ciudad futura. Pero los ejidatarios “tampoco hemos dejado de resistir”, advierten.

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Gloria Muños Ramíres y adazahira Chávez Pérez
Fotos: Clayton Conn

México. El cambio de régimen tenencia de la tierra de Atenco, que permitirá la venta de las parcelas para edificar el aeropuerto de Texcoco, está impugnado legalmente, pero el gobierno se apresura a lanzar las obras periféricas. “Ellos siempre hablan de legalidad, pero hacen las cosas fuera de la ley”, sentencia el ejidatario Ignacio del Valle, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.

El anuncio de la construcción de la autopista Pirámides-Texcoco, que conectará al aeropuerto con el oriente de la capital del país, así como el desalojo de 60 familias del predio El Barco (zona donde se planea construir el aeropuerto y su zona de equipamiento, incluyendo la ampliación de la autopista Peñón-Texcoco), “es la demostración de que la afectación será no sólo en el lugar que plantearon, sino todo alrededor de nuestras comunidades, y será directa a causa de todas las obras periféricas de lo que se llama Ciudad Futura”, advierte Del Valle, quien afirma que la resistencia a la obra sigue firme en sus comunidades.

Trinidad Ramírez, uno de los rostros más conocidos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), afirma que “estamos indignados, pero no vencidos”, después de la asamblea que decidió “ilegalmente” cambiar el régimen de la tierra para privatizarla.

El cambio de tierra ejidal a Dominio Pleno, aprobado el 1 de junio en una asamblea calificada de ilegal por el FPDT, no es el final de la defensa de Atenco, reafirma la integrante del Frente: “Sabemos que la lucha es larga y no se resolverá de un día para otro. Por supuesto que vamos por la vía legal, pero sobre todo lo haremos en lo social, porque si no es en nosotros, ¿en quién vamos a confiar?”

Ramírez afirma que, después del descontrol inicial que vino con el anuncio del cambio de régimen de la tierra, llegó la indignación de los pobladores, que se acercan al Frente para informarse de en qué manera pueden echar para atrás la decisión.

Ciudad Futura, más que un aeropuerto

El fantasma de un nuevo proyecto aeroportuario volvió a rondar sobre Atenco en abril de 2013, 12 años después de que los atenquenses lograron detener el primer intento de despojo. “Es peor que el anterior”, advierten los ejidatarios Marcial Ramírez, David Pájaro y Santiago Medina. Peor que el que rechazaron en 2001 y 2002, cuando lograron la anulación del decreto de expropiación que los despojaba de sus tierras. Pero “el gobierno nunca quitó el dedo del renglón”, asegura Jorge Oliveros: “Si el anterior proyecto era indignante, el actual lo es más. En 2001 se llevaban el 90 por ciento de nuestro territorio, ahora el 95 por ciento, con la misma estrategia de división, amenaza, represión y muerte”.

“De la capilla de La Purísima y hasta donde ven sus ojos abarca el nuevo proyecto”, señala por su parte Adán Espinoza, indicando con el dedo, desde el cerro de Huatepec, las tierras que contemplan los mapas del megaproyecto Ciudad Futura, la nueva amenaza que se cierne sobre la región, y que será, dicen los pobladores, una especie de Santa Fe, con proyectos inmobiliarios, megaindustria y, por supuesto, un aeropuerto, la afrenta más grande para estos pueblos.

En el auditorio de la Casa Ejidal, en el centro del poblado, frente al mural multicolor de Emiliano Zapata, en el mismo lugar en el que han dado tantas batallas en defensa de su territorio, se reúne con Desinformémonos un grupo de ejidatarios del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT). Entran y salen, pues es día de trabajo y hay que partir al campo. Trinidad Ramírez, compañera (me corrige cuando le digo “esposa”) del dirigente emblemático Ignacio del Valle, y Hortensia Ramos, son las dos mujeres que completan la entrevista colectiva.

Jorge Oliveros, de los ejidatarios que se ha mantenido en la lucha estos años, explica que “ahora presentan el nuevo proyecto como lo hicieron hace 12 años, con la misma soberbia, dejando de lado a los pueblos que son los dueños del territorio. En 2001 nos ignoraron, nos amenazaron, nos dividieron. Hoy quieren volver a hacerlo”, con el agravante, indica, de que “ahora es más ambicioso. En 2001 eran mil 100 hectáreas las que nos querían arrebatar. En 2013 el proyecto filtrado por ICA contempla mil 500 hectáreas de San Salvador Atenco”, de un total de más de 15 mil que abarca el proyecto sobre lo que fue la ribera del lago de Texcoco, en la zona oriente de la Ciudad de México.

La diferencia con el anterior aeropuerto, indica, “es que no dan la cara. Mandan a gente de nuestra propia comunidad para meter amenazas. De un millón 400 mil pesos por hectárea que estaban dando hace un año, ahora el ofrecimiento es de un millón 750 mil pesos”. El plan es decirle a los ejidatarios, casa por casa, que ya todos han vendido, que sólo faltan ellos: “Presentan unos mapas en los que dicen que los ejidatarios ya entregaron sus documentos, y que están en trámites para la venta. Pero esto no es cierto. Es la minoría la que ha entregado documentos, pues estamos hablando de unas 50 hectáreas, que ni siquiera han vendido”.

La estrategia, insiste Oliveros, es sembrar la confusión y el miedo. “No llegan ni a 50 hectáreas las que supuestamente ya están apalabradas, pero no autorizadas por la asamblea ejidal, por lo cual es improcedente”.

El relato del campesino Delfino Martínez es parte de este escenario. “El 90 por ciento parece que quieren vender. Nuestros hijos quieren vender, esa es la mera verdad. Aquí en el pueblo hay unas personas que están organizando y convenciendo. Son intermediarios, nos conocen, se acercan y dicen, ‘anda, ya vende, ya todos están vendiendo’. A mí me da coraje, cómo son tontos. Me ofrecen un millón 700 mil pesos por hectárea, pero yo tengo ocho hijos, de dónde va a salir para su casa de cada uno. No van a tener dónde vivir ni de dónde comer. Hay muchos que ya están parando la manota, pero desgraciadamente se van a quedar sin terreno, sin dinero, sin casa, sin nada”.

Una lucha que no termina

Trinidad Ramírez, mejor conocida como Trini, también figura emblemática
de la lucha de Atenco y del acompañamiento con otros movimientos del país, advierte que “las declaraciones del gobierno federal nos mueven
nuevamente a la lucha por la defensa de la tierra, que nunca hemos dejado. Nos lleva a decir aquí estamos, no nos hemos rendido, pues la tierra se defiende toda la vida”.

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En este periodo, señala Trini, las dos partes aprendieron. “Nosotros hace doce años dijimos: ¿y cuándo el gobierno nos preguntó si queríamos vender la tierra? Y por eso ahora el gobierno aprendió a preguntar. Les dice a los campesinos ¿quieren vender su tierras? Pero nosotros también aprendimos. Aprendimos que el territorio no se trata sólo de la tierra, sino que significa nuestras costumbres, nuestras raíces. Aquí nacimos, aquí vimos a los abuelos, aquí vimos a nuestros padres morir. No indignarte por estas declaraciones amenazantes es permitir que se profane el lugar de tus muertos, que es sagrado”.

Marcial Ramírez relata que el comisariado ejidal les mostró un proyecto que abarca del 6 de marzo del 2013 al 2017, en el que San Salvador Atenco prácticamente desaparece.

Desde el 2002, explica Oliveros, cuando se canceló el aeropuerto, “nosotros sabíamos que no iban a quitar el dedo del renglón y continuaría al acecho. En 2003 y 2004 empezaron a hacer obras que estaban contempladas en el proyecto general anterior. Hicieron las vialidades alternas, se fueron apoderando del agua de los manantiales de la montaña, empezaron a privatizar los comités de agua potable. En Texcoco no teníamos un hospital, pero activaron el Hospital Regional, hicieron libramientos, el circuito exterior mexiquense, es decir, las obras alternas continuaron, porque nunca se quitaron su intención”.

Pero “para nosotros”, recalca, “la lucha es la misma. Las tierras las hemos cuidado. Atenco tiene arraigo. No hemos vendido ni vamos a vender”.
David Pájaro, nativo y ejidatario de Atenco, además de ingeniero agrónomo, señala que en internet se detalla el modelo “México, Ciudad Futura”, en el que figuran tres planos que muestran la pérdida de toda la superficie ejidal de Atenco como pueblo. “Por lo que vimos”, explica, “va otra vez de la orilla del río Chimalhuacán hasta la orilla del cerro de Chiconautla, todo lo que se conoce como la ribera de Texcoco. Estamos hablando de unas 25 comunidades afectadas dentro de una superficie de alrededor de 7 mil hectáreas”.

En 2001, continúa, “se conservaba al menos una parte de nuestro terreno como reserva agrícola, ahora todo es peor. El proyecto viene con desarrollos urbanos, áreas para la industria y, entre comillas, áreas para la reserva ecológica. Nosotros conocemos el ejido y vemos una línea en la que el pueblo prácticamente se salva, pero todo lo demás se lo adjudican”. En términos de desarrollo, advierte Pájaro, será como Santa Fe, y “en lugar de pueblos habrá consorcios nacionales e internacionales. La estrategia no será como en 2006, de garrote y cuchillo. Ahora pienso que será de otra manera. A lo mejor nos harán ver otra vez como los primitivos, los revoltosos, los que no entienden el desarrollo. Pero el desarrollo no es como lo tiene en mente el gobierno. Para ellos es dinero, para nosotros serían banquetas, escuelas, proyectos para el desarrollo de la tierra, para la producción de alimentos, etcétera”.

“Nosotros no vendemos ni compramos”, insiste el ejidatario, “porque la tierra es nuestra”. Explica que su territorio contempla más de 5 mil hectáreas de tierras cultivables, de pozos profundos, caminos, zanjas, dos sitios arqueológicos prehispánicos, el vestigio del parque Atetetelco, que perteneció a Nezahualcóyotl, ruinas y más.

El protagonista de la amenaza anterior, indica, “vuelve a ser protagonista ahora. Y nosotros también. Así es que estamos en igualdad de circunstancias. Cuando ellos nos persiguieron logramos nuestra libertad. Ellos nos vuelven a hacer la guerra y nosotros seguimos en pie de lucha”.

El camino del despojo

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La compañera de Ignacio del Valle sentenciado a más de 112 años de prisión en el curso de la represión que los atenquenses vivieron en el año 2006 desmenuza cómo se preparó el camino del despojo de tierras.

En primer lugar, y aprovechando la división social que se generó desde 2001, el gobierno “aprendió ofrecer dinero según como se dejara la gente; de 50 a 150 pesos, que es lo que ofrecieron en Santa Isabel Iztapan y San Cristóbal Nexquipayac, así como en la colonia Francisco I. Madero”. Los operadores fueron personas cooptadas que se prestaron a convencer a otros vecinos. “Así comenzaron a romper el tejido social”, denuncia Ramírez, y agrega que los integrantes del FPDT trataron de no dividir a los atenquenses, de fomentar el diálogo y de decir “no eres mi enemigo, piensas diferente y está bien, pero reflexiona en la magnitud de lo que quieren arrebatarnos”, relata.

Los funcionarios del gobierno y trabajadores de las constructoras interesadas en el aeropuerto –como OHL- visitaron a la gente pueblo por pueblo para decirles que otros ejidatarios ya habían vendido, y que no era necesario el dominio pleno para hacerlo; la Comisión Nacional del Agua (Conagua) compró terrenos ejidales en Ixtapan y Nexquipayac; San Salvador Atenco y San Francisco Acuexcomac se negaron. Y fue justo en estos pueblos donde se presentaron cierres de los pozos de agua de uso agrícola. Al mismo tiempo, se impulsaron proyectos –como la Zona de Mitigación y Rescate Ecológico en el Lago de Texcoco- enfocados a la compra de tierras.

Ramírez relata que, al mismo tiempo, se preparó la imposición de Andrés Ruiz Méndez como comisariado ejidal, el 20 de octubre de 2013. Con tácticas que recuerdan a las denunciadas durante la elección presidencial de Enrique Peña Nieto (el gobernador del Estado de México en 2001, cuando se lanzó el proyecto del aeropuerto), como los ofrecimientos de una tarjeta de la tienda Soriana y mil pesos, los partidarios de Ruiz Méndez trataron de convencer a los atenquenses. Dijeron que no pensaban en vender las tierras y que los integrantes del Frente solamente buscaban su beneficio. “Algunos se dejaron engañar, pero otros rechazaron la maña”, especifica la campesina.

En la elección del comisariado “ilegítimo”, como lo define Trinidad Ramírez, “levantaron a los muertos, vino a votar gente de otros lados y no ejidatarios, y así lo impusieron. Alguna gente se fue con ellos por el taco o por el vino, porque echaron la casa por la ventana; por supuesto que no de su bolsa, sino con recursos del gobierno del estado”. Las otras planillas decidieron no impugnar, y los defensores de la tierra decidieron “seguir caminando”.

El siguiente paso fue una provocación. El 7 de diciembre, protegidos por la policía, los partidarios del comisariado borraron de la fachada del auditorio municipal el mural Alerta mi general Emiliano Zapata, en la lucha de Atenco, símbolo del movimiento, realizado en 2001 por el artista Javier Campos Cienfuegos. Los priistas “iban preparados con bates”, detalla Ramírez, “pero no pasó a mayores porque tratamos de ser prudentes”. También fue pintada de blanco una obra de Gustavo Chávez Pavón.

Las provocaciones comenzaron a encadenarse, relata la entrevistada, y llegó la primera asamblea convocada para cambiar las tierras ejidales al Dominio Pleno, que es el último paso del Programa de Certificación Ejidal (Procede) para abrir la puerta a su venta. La reunión del 18 de mayo de 2014 no fue convocada de forma correcta, e incluso los comisariados anteriores confirmaron que no podía tener validez, relata Ramírez. El FPDT convocó a un cinturón de paz, y el intento de asamblea fue abortado.

Ruiz Méndez convocó a una siguiente asamblea para el 1 de junio, a la que no se permitió la entrada de opositores a la pérdida del régimen ejidal. Los días anteriores, se registraron hasta ocho sobrevuelos de helicópteros de la Marina al día, “como una forma de decir, no salgan ni protesten”, interpreta la entrevistada. Entre la población, acepta Trinidad Ramírez, se generó temor “por el antecedente de lo que hizo Peña en 2006”.

Ramírez precisa que para una decisión de este calado, formalmente se tuvo que haber convocado a una asamblea “dura”, lo que no se hizo. Entraron posesionarios, sin voz ni voto formalmente; supuestos acompañantes de personas en silla de ruedas y familiares de ejidatarios; todas estas personas, afirman testigos, votaron a mano alzada. “Y algo tan delicado se tiene que hacer en urnas”, recalca Trini.

Para impedirle la voz a los escasos defensores del ejido que lograron entrar a la asamblea, se puso en marcha la maquinaria de gobierno, acusa Ramírez: Alejandro Santiago, “operador de Gobernación conocido como El Oaxaco”, se dedicó a arrebatar el micrófono o apagarlo cuando alguien se quería oponer; lo mismo hizo José Pilar Medina Moreno, de acuerdo con los testigos. Los “operadores” alegaban que no era el momento para discutir, que sólo se votaría sí o no. En las afueras del recinto privado donde se realizó el evento –otra ilegalidad-, se formó “una valla de provocadores antorchistas (del corporativista movimiento Antorcha Campesina), y pusieron enfrente a jóvenes y niños; es gente que no es de aquí, traída por Yolanda Solís Nieves”. A los integrantes del Frente “nos rodearon con gente de Gobernación”.

Además de ni siquiera contar los votos en contra, acusa Trinidad Ramírez, no hubo quórum. Los defensores del ejido confiaron en que entraron menos de 400 personas, con todo y los acarreados, “y muchos no entraron para no dar el quórum y legitimar”. Pero llegó la sorpresa: la gente que salía relató que “se aprobó todo”, y las autoridades ejidales anunciaron que entraron 518 personas –una más que el mínimo requerido. La operación fue avalada por un fedatario de la Procuraduría Agraria que, ante los reclamos, alegó que no se tenía que volver a contar, que todo era legal y que “mejor apúrense”, relata.

Los campesinos opositores al aeropuerto empezaron entonces un camino legal para impugnar la asamblea, que aún no se resuelve.

División, peleas y desintegración en los que ya vendieron

El municipio de San Salvador Atenco está conformado por cinco pueblos: San Salvador Atenco, San Francisco Acuexcomac, Zapotlán, San Cristóbal Nexquipayac y Santa Isabel Ixtapan. Los dos últimos, indican los ejidatarios entrevistados, empezaron a vender sus tierras desde hace más de un año. Ixtapan vendió 500 hectáreas y Nexquipayac, 360; además de la colonia Francisco I. Madero, con 40. Todas estas tierras rodean San Salvador, que es el núcleo más grande, con 958 ejidatarios.

Hortensia Ramos, profesora originaria de Nexquipayac, una de las tantas mujeres que dieron la lucha en 2001 y se mantienen hasta ahora, señala que en su pueblo empiezan a verse los estragos de la venta: “el hecho de que te den un dinero se nota. Ya han empezado a arreglar sus casas o comprarse una moto, pero también el dinero se les está terminando y ahora no tienen tierras ni dinero”.

El dinero, dice, “es como la mismísima cola del diablo. Causa división. En la misma familia sucede que el abuelo que recibió un millón de pesos, tiene que repartirlo entre los hijos y los nietos. Y ya están los casos en los que no quedan conformes y es un peleadero y una desintegración familiar. Esto no lo ven los que están vendiendo, pero está pasando. También se vino una oleada de robos y secuestros tremenda. Algo que no existía en esta comunidad y es también producto directo de las venta de las tierras, pues había dinero momentáneo y se empezó a notar”.

En los dos poblados les ofrecieron un millón 400 mil pesos por hectárea. En Nesquipayac fue una hectárea por ejidatario, pero en Ixtapan más de una, así es que hubo más dinero. “¿Quiénes son los que están comprando directamente?”, se le pregunta. Y responde que casa por casa van “los personeros de Conagua. Te dicen que están haciendo un sondeo, para ver quiénes sí quieren y quiénes no, pero les dicen ‘oye, si no quieres vender tu tierra te la van a quitar de todas formas’. Es la venta bajo amenaza directa. La gente se queda intimidada. Les dicen ‘si no les va a pasar como a los de Atenco en 2006’”.

A las señoras viudas, indica Hortensia Ramos, les dicen “es para que tenga una vejez digna”. Ellas fueron las primeras que vendieron, y las primeras despojadas por sus hijos y sus nietos. Ahora muchos de los que vendieron ya están arrepentidos. Todo esto apenas tiene un año o poco más”.

El problema del agua, en caso de consolidarse el proyecto, se agravará. “Ya estamos viviendo la escasez de agua. Conagua ya está cancelando los pozos para riego para que no podamos sembrar nuestras tierras y para que no haya suministro en las comunidades, con el fin de presionar la venta de las tierras. Si se hace el aeropuerto el agua se irá a las industrias, a los proyectos inmobiliarios”, insiste la profesora de primaria. También se habla de que el plan contempla una universidad, pero que, pronostica la entrevistada, “no será para nuestros hijos. No es para nosotros. Nuestros pueblos necesitan universidades, hospitales y desarrollo, pero no a condición de un aeropuerto”.

La sombra de la represión

Atenco se conoce en el mundo de la resistencia desde que dieron la batalla de 2001; posteriormente cuando lograron la anulación del decreto expropiatorio en 2002; y más adelante por la represión del 3 y 4 de mayo de 2006, cuando, siendo gobernador el actual presidente Enrique Peña Nieto, se desató un conflicto entre vendedores de flores de Texcoco y las autoridades estatales. Acudió en solidaridad el FPDT e intervino la Policía Federal Preventiva (PFP) y la estatal, dejando un saldo memorable de un niño y un joven muertos, mujeres violadas por la policía, detenidos torturados y la sentencia de más de 60 años a tres de sus dirigentes, las cuáles fueron revocadas por la Suprema Corte de Justicia, gracias a la movilización nacional e internacional que se convocó.

La represión ahora, advierte Trini, “puede no ser masiva, sino selectiva. Y por supuesto que no la descartamos”. En este momento, explica, en el movimiento “hay de todo, algunos confundidos, algunos miedosos. Algunos nos critican por hacer el trabajo afuera, por acompañar a otros movimientos. Porque somos los mismos. No puedes ver lo que ocurre en otros lugares y no hacer nada”.

El PRI, insiste, “nunca se fue, pero hoy quiere afianzar el control de todo. Qué nos queda al pueblo: organizarnos, reconocernos, sentirlo desde abajo, porque ellos, las instituciones, Peña Nieto, no sienten nada. Yo me indigno, me enrabio. Para la resistencia sigue seguirnos buscando, seguirnos reconociendo. Hoy puedes preguntarte dónde está la gente del 2001, del 2002. Mucha de esta gente no está, pero en este momento se trata de volver a salir, de llamarla, de decirle claramente lo que está ocurriendo. Decirles que esto no se ha terminado”.

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Han pasado 12 años de la lucha reciente. Y en esta última década Atenco no sólo tiene a los muertos de la represión directa: José Enrique Espinoza, Javier Santiago y Ángel Benhumea, sino que muchos otros se han quedado en el camino. Adán Espinoza asegura que es por la tensión acumulada, por el desgaste de tantas batallas. Miguel de Valle, Francisco Altamirano, Baltazar Ramos, Felipe Núñez, María Luisa de Vázquez, Gracia Morales, Inesita, Alfredo Flores, Pascual Martínez y Manuel Rosas, son algunos de ellos. “Muchos de ellos se fueron tomándonos de la mano, haciéndonos prometer que no venderíamos esta tierra. Cómo vamos a vender, cómo vamos a rendirnos, si tenemos compromiso con nuestros muertos”.

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