Médicxs y enfemerxs por la vida

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La crisis global

La salud de la vida en el planeta, humana y de otras especies, está en crisis. Este 22 de junio en México, médicxs y enfermerxs se unieron a la sociedad movilizada tomando la calle, en expresión de un movimiento que se suma a los recientes en otras geografías, como Argentina y Francia; y que también recuerda al movimiento médico de la década de 1960.

En el núcleo del complejo problema de la salud encontramos su misma concepción. Actualmente se le comprende como la administración de remedios industriales para paliar los efectos del descuido prolongado de la vida saludable (alimentación, actividad libre, contacto con otras especies) en aras del incremento de la productividad por medio de la explotación.

La salud, así comprendida, resulta en el mero mantenimiento del ser humano como elemento necesario para sostener la explotación por largas décadas; es decir, significa arreglar, a nivel primario, los mecanismos de producción, no la vida. El costo de esta visión es el deterioro de la existencia.

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El contexto local

La administración y control de la salud industrial han sido asumidos por las empresas farmacéuticas y las aseguradoras. En México, como en otros países, la línea frontal de la administración de la medicina la tienen lxs médicxs y enfermerxs de instituciones públicas, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Ellxs conformaron el grueso de lxs alrededor de 10 mil médicxs que se movilizaron del Hospital General a la Secretaría de Salud (federal), al tiempo que decenas de miles lo hicieron en 82 ciudades del país. En la Ciudad de México también había médicxs de otras instituciones públicas y privadas, como el Hospital Justo Sierra de Guadalajara, entre varias otras.

Las instituciones públicas mexicanas se muestran cada vez más renuentes a asumir la compra de productos farmacéuticos industriales para cubrir las necesidades de lxs derechohabientes. Buscan transferir esa responsabilidad a la iniciativa privada, la que generaría grandes ganancias de la compra-venta de farmacéuticos con baja regulación y privaría de su abasto a lxs pacientes que no puedan pagarlas.

Esta problemática se materializa en la falta de medicamentos e insumos que lxs enfemerxs y médicxs soportan en los hospitales y centros de salud. Mensajes como: «¡No hay gasas, no hay alcohol, pero Peña tiene su avión!», «¡No queremos militares, queremos hospitales!» y «¡Alto a la privatización!», entre otros, navegaron en pancartas sobre la marea de batas blancas.

El proceso de transferencia de responsabilidades de la esfera pública a instituciones de salud privadas no es una fantasía. Recientemente, la organización PODER documentó —a través de información enviada a Mexicoleaks y publicada en rindecuentas.org— cómo la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud) controla las políticas de la salud industrial en México.

Con 169 asociados «entre los que destacan poderosos grupos farmacéuticos a nivel mundial como Laboratorios Pfizer, propietarios de hospitales privados como Olegario Vázquez Aldir o el presidente del Consejo de la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos (ANAFAM), Alfredo Rimoch», Funsalud es un grupo de empresarios que ejercen presión sobre órganos de gobierno y partidos políticos para incidir en las políticas públicas de salud oficiales en beneficio de sus intereses privados. La organización fue fundada por empresarios, con recursos federales, en el sexenio de Miguel de la Madrid. Desde entonces ha tenido como presidentes a siete secretarios de Salud, es decir, un organigrama con estructura de puerta giratoria que garantiza que las secretarías en realidad trabajen para ellxs.

Uno de los actores convocantes a las movilizaciones del 22 de junio, el movimiento YoSoyMédico17, nació en 2014 en Guadalajara cuando 16 médicos fueron procesados legalmente por la pérdida de vidas humanas que, según denunciaron, fue producto de insuficiencias del sector médico. Esto es visto por los profesionales de la salud como un ejemplo de la criminalización de individuos que sólo están en el extremo final de una larga cadena de deficiencias estructurales.

La Cooperativa de salud Panamédica ha señalado que la Reforma en salud y seguridad social es una de las más agresivas hacia la población: no sólo afectaría a lxs profesionales de la salud sino a todxs lxs potenciales pacientes. El sistema universal de salud, propuesta de dicha reforma —basada en el seguro popular— acota la atención médica a ciertos servicios y desvía hacia el sector privado todas aquellas intervenciones que no figuren en su catálogo, «haciendo de la salud un verdadero negocio para aseguradoras y servicios privados de salud, algo que ya pasa en otros países y que demuestra no ser la solución». ¿Acaso todo es negligencia médica?, se cuestionaba la cooperativa en un posicionamiento leído en su noveno aniversario, el 7 de abril, día mundial de la salud. A lo que respondió:

Existe otra explicación a esto: hay negligencia del Estado. Por todos es bien sabido que una consulta en el IMSS, en el ISSSTE, en la Secretaría de Salud o en algún otro servicio público nos quita, en el mejor de los casos, toda la mañana… Si bien nos va, nos atenderá un médico durante 15 minutos y nos recetará un medicamento que posiblemente no está en existencia dentro de la farmacia y con un pase a una consulta de especialidad o a algún estudio de laboratorio o de gabinete que será programado para dentro de 3 a 6 meses. Sin embargo, no es el profesional de salud el responsable de un sistema de salud público fallido, aunque sí es quien da la cara ante las miles de personas necesitadas de atención. Los verdaderos responsables son aquellas personas que, sentadas detrás de un escritorio, toman las decisiones de cómo, cuándo y en qué cantidad se distribuyen los recursos destinados a nuestra salud. Son los mismos quienes, como estrategia para justificar la entrada en vigor de una Reforma de salud, han hecho responsables de la situación actual del sistema de salud público a todos los profesionales de esta rama: una responsabilidad que no les corresponde. Es una estrategia que se ha usado en otros momentos con los compañeros electricistas, con los compañeros maestros, etcétera.

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En paralelo con las protestas por la Reforma de salud (aún no publicada ni aprobada oficialmente) que apenas se encuentran en ciernes; las protestas por la Reforma educativa (aprobada a mediados de 2013) han retomado fuerza este año y actualmente son sostenidas tanto por maestras y maestros agrupadxs en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) –fracción disidente del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), el sindicato más grande de América Latina– como por alumnxs, padres y madres de familia y población en general en todo el país, pero sobre todo en los siempre revolucionarios estados del sur. Así fue que el 19 de junio, al menos diez personas fueron asesinadas por arma de fuego luego de que, de acuerdo con pobladores de Nochixtlán, Oaxaca, policías federales abrieran fuego contra participantes del bloqueo carretero en apoyo a la resistencia del movimiento magisterial contra la Reforma educativa.

La Asociación Nacional de Enfermeros y Enfermeras (Anem), afirma que ese día se sometió al Centro comunitario de salud en Asunción de Nochixtlán a un cerco policial, con el objetivo de impedir a enfermerxs cumplir su obligación de atender a los enfermos y personas heridas sin distinciones, los obligaron así a atender exclusivamente heridos de las fuerzas policiales, en violación no sólo del artículo cuarto de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos sino de los Convenios internacionales de Ginebra.

Las movilizaciones en Oaxaca denuncian las políticas de despidos masivos de maestrxs y la falta de solución a carencias en escuelas rurales, insuficiencias que el gobierno federal ha ignorado, buscando culpar de la crisis en educación a lxs propixs maestrxs. Maestrxs «culpables» que son análogxs  a lxs médicxs «culpables».

Se ha documentado cómo es que en estados como Oaxaca los gobiernos locales reciben de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presupuestos para pagos de maestros que exceden la nómina magisterial, y cuyo paradero se desconoce. Un artículo al respecto señala: «la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizó su propio conteo, según el cual hay más de 83 mil maestros y 113 mil plazas» (se presume que el excedente registrado por el gobierno estatal, son «maestros» aviadores, jubilados, muertos o que renunciaron, posible indicador de uso ilegítimo de esos recursos por el gobierno estatal).

Contra esos abusos es que resisten, ahora también, nuevas capas sociales, que se adhieren y entretejen con  movimientos en otros tiempos y otras latitudes. Este crecimiento orgánico de las luchas del siglo tiene su raíz en la existencia de un tipo imparable e irreductible de resiliencia y resistencia: el de la vida misma.

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