Madres de desaparecidos, heridas abiertas

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Desde el pasado miércoles 20, una veintena de familiares de desaparecidos en distintos puntos del país decidieron efectuar un plantón frente a las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR) para exigir a las autoridades información puntual sobre las indagatorias que llevan a cabo sobre las víctimas.

Pese a que entre el grupo se encuentran personas de la tercera edad y mujeres con su salud quebrantada –a dos de ellas les detectaron zika y una más padece diabetes–, decidieron ocupar uno de los carriles de alta velocidad de Paseo de la Reforma, la más importante y simbólica vialidad de la capital.

Así, en medio de condiciones precarias y de la lluvia, llevan dos días en plantón y en ayuno voluntario. El día más difícil fue ayer porque forcejearon con una muralla humana de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de la ciudad al tratar de ocupar otro carril.

A consecuencia de los empellones, dos mujeres tuvieron que ser trasladadas en autos particulares a la Cruz Roja de Polanco porque la policía –de tránsito– se negó a llamar a una ambulancia. Además otra madre presentó un coma diabético ya que durante la refriega los uniformados rompieron el frasco donde llevaba la insulina y no recibió la atención médica que solicitaron con urgencia durante todo el día.

Madres de desaparecidos protestan en la PGR. Foto: Octavio Gómez

Hoy por la mañana el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Eber Betanzos, se reunió con una comisión de padres, sin alcanzar ningún acuerdo concreto, aunque personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) acudió al plantón de los familiares para levantar los registros de sus familiares y asignarles un defensor.

Los manifestantes provienen de los estados de Guerrero, Michoacán, Veracruz, Colima, Sinaloa, Guadalajara y Querétaro. Todos tienen un denominador común: la pérdida de familiares y por esa razón decidieron trasladarse a esta ciudad para que la procuradora Arely Gómez y la (CEAV) atiendan sus demandas porque hasta ahora los ministerios públicos locales los han ignorado.

El caso de Deyanira Chino Ocampo, una mujer procedente de Chilpancingo Guerrero, ilustra el infierno que viven los familiares de desaparecidos. Ella busca que las autoridades federales le practiquen pruebas de ADN y las comparen con uno de los dos cuerpos que fueron encontrados en una fosa clandestina en Mojileca, Guerrero, el pasado 24 enero.

Por la ropa que hallaron junto a los restos, Deyanira identificó a su hija Saira Hernández Chino, desaparecida desde el 10 de marzo de 2015.

Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a esta ciudad, después de que las autoridades estatales adujeron que carecían de recursos para realizar las pruebas genéticas. Sin embargo, la SEIDO tampoco ha realizado las pruebas.

Chino Ocampo recuerda que otras madres ya habían acudido antes a la PGR sin encontrar eco a sus demandas.

La persistencia de Deyanira por encontrar a su hija ha sido tal que ya sufrió las consecuencias. Uno de sus hijos fue levantado por un comando, luego de exigir justicia de manera insistente en las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del estado de Guerrero.

No menos difícil es el trance que ha vivido Laura Nolasco, cuyo padre, el biólogo Alejandro Nolasco Orta, se encuentra desaparecido desde mayo pasado.

Ella sólo pide a la PGR la apertura del expediente de su progenitor, levantado por un comando después de solicitar la intervención de especialistas para supervisar el proyecto de construcción de una planta de fertilizantes en la laguna de Topolobampo, uno de los humedales más importantes del país.

En general, la principal demanda del grupo que se encuentra en plantón frente a la sede de la PGR es que las autoridades los atiendan, que la Comisión Especializada en Atención a Víctimas los reconozca como parte afectada. “No han indemnizado a ninguna mamá, no han hecho un solo pago por reparación del daño, qué se está haciendo con ese presupuesto millonario?”, dicen.

También solicitan que se continúe con la extracción de cuerpos de fosas clandestinas en el estado de Guerrero que los propios familiares han localizado en los alrededores de Chilpancingo.

Margarita López Pérez, del estado de Guerrero, cuenta su historia. Dice que el 13 de abril de 2011 desapareció su hija Yajaira Bahena López en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. Dos años después, prosigue, le entregaron el cuerpo y dio sepultura a su hija. Sin embargo, menciona que hace poco recibió una notificación del Ministerio Público de Guerrero en el sentido de que el FBI había realizado pruebas genéticas al cuerpo que demostraban que no se trataba de su hija. La noticia le cayó como plomo, pues ni siquiera tenía conocimiento de que la agencia estadounidense conservaba restos de su hija, “sólo reabrieron la herida”, dice.

 

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Proceso: http://www.proceso.com.mx/448209/madres-desaparecidos-heridas-abiertas

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