Río 2016: Bancarrota antes de empezar

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Símbolo del auge económico de Brasil durante la última década, el estado de Río de Janeiro está al borde de la bancarrota y con los servicios sociales en parálisis por la crisis petrolera y la desastrosa gestión gubernamental. No hay dinero para hospitales ni para la gasolina de las patrullas. Así, por primera vez, los Juegos Olímpicos se desarrollarán en una demarcación que declaró el “estado de calamidad”.

 

El 2 de octubre de 2009, cuando el Comité Olímpico Internacional eligió a Río de Janeiro sede de los XXXI Juegos Olímpicos, Brasil vivía un periodo de euforia: su economía crecía 7% al año en plena crisis mundial, acababa de encontrar pozos con ingentes reservas de petróleo y gas, su presidente, Luiz Inacio Lula da Silva, era popular en el mundo y el país entero se colocaba como una potencia que jugaría un importante papel en el escenario global.

Pero las cosas se torcieron de repente y sobre el gigante sudamericano se abatió la tormenta perfecta: de prometer sanidad y educación para todos, de soñar con los mejores Olímpicos de la historia para apuntalar su estatus de potencia latinoamericana, pasó a la realidad de la crisis petrolera, la caída de la recaudación y los problemas financieros. Los hospitales dejan de operar y atender las urgencias. La criminalidad aumentó, pues por falta de dinero ni siquiera se podían llenar los tanques de las patrullas policiacas. Las huelgas de funcionarios se multiplicaron y se prolongaron meses, mientras decenas de miles de personas perdieron sus empleos y salieron a las calles a protestar.

La recesión que azota a Brasil cinco trimestres consecutivos y que provocará una caída acumulada del PIB superior a 7% en dos años, ha ocupado las portadas de la prensa internacional durante meses, pero menos conocida es la crisis que sufre el estado de Río y que ha paralizado virtualmente la máquina pública de la joya petrolera del país.

La situación es tan grave que el gobernador en ejercicio del estado, Francisco Dornelles, tuvo que inventarse el pasado 17 de junio una ingeniosa fórmula para ser socorrido por el gobierno federal sin invocar la bancarrota: declarar el estado de “calamidad” para recibir de forma urgente fondos para pagar a los funcionarios. En riesgo está, como él mismo dijo, que la “Olimpiada sea un fracaso”.

“¿Qué calamidad?”, se pregunta Bruno Leonardo, profesor de Economía de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. No ha habido ninguna catástrofe natural ni ningún terremoto, pero la situación financiera –con un déficit para este año evaluado en 6 mil millones de dólares– es tan severa a menos de un mes de los Olímpicos que la única salida administrativa posible para no suspender los pagos era ésa, explica Leonardo.

“Ha habido una gestión de las cuentas públicas pésima, horrible. En los años de bonanza se aumentaron los gastos fijos, fundamentalmente la contratación de funcionarios y el aumento de las pensiones. Cuando la crisis llegó, con la recesión y el hundimiento del petróleo, esos ingresos volátiles desaparecieron y ahora no hay cómo hacer frente a los gastos”, explica a Proceso Margarida Gutiérrez, profesora de Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro y experta en cuentas públicas…

Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2073 de la revista Proceso, ya en circulación.

Por

Proceso

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